sábado, 26 de diciembre de 2009

LA FÓRMULA DEL FMI: GENERAR POBREZA

- Por John Cavanagh, Carol Welch y Simon Retallack -

Durante dos décadas, los Programas de Ajuste Estructural del FMI han causado el desastre social, medioambiental y económico en el mundo en desarrollo.

Cuando el Fondo y el Banco anunciaron, durante su reunión anual de 1999, que la reducción de la pobreza sería, a partir de aquel momento, su meta principal, provocaron un escepticismo justificado ante tan repentina “conversión”. La historia del FMI demuestra que éste ha colocado sistemáticamente la necesidad de la “estabilidad” financiera y económica por encima de cualquier otra preocupación. Mediante sus conocidos programas de ajuste estructural (PAEs), ha impuesto reformas económicas muy duras en más de 100 países del mundo en desarrollo y del anterior bloque comunista, hundiendo a centenares de millones de personas en una pobreza aún más profunda.



    El FMI llegó a ejercer un control virtualmente neo-colonial sobre los países en desarrollo a raíz de la “crisis de la deuda” del Tercer Mundo, acontecida en los `80. En los años `70, los bancos comerciales realizaron grandes préstamos a los países en desarrollo, que, en su mayor parte, fueron desperdiciados por sus dictadores y regímenes militares. Cuando los precios del petróleo se dispararon en 1979 y los tipos de interés en EEUU fueron elevados drásticamente a principios de los ´80, los países fuertemente endeudados se encontraron repentinamente a sí mismos incapaces de realizar el pago de los elevados intereses de la deuda. El incumplimiento con los bancos sólo podía ser evitado con una continua refinanciación. Aquí fue cuando intervino el FMI.



    A menos que el FMI certificara que una economía estaba siendo “reestructurada” y “gestionada sensatamente”, los prestamistas públicos y privados del mundo se negarían a conceder créditos. El FMI decidió que tal cosa significaba la adhesión a un paquete político de ajuste estructural, el cual esencialmente integra las economías nacionales en el mercado global, permitiendo a las corporaciones multinacionales acceder a mercados laborales y recursos naturales más baratos y aumentar las exportaciones. Vendidos con objeto de aumentar el crecimiento doméstico y los niveles de vida, debían introducir medidas para eliminar las restricciones al comercio y a las inversiones, promover las exportaciones, devaluar la moneda nacional, elevar los tipos de interés, privatizar las empresas y los servicios públicos, equilibrar los presupuestos nacionales mediante la disminución del gasto público y desregular los mercados laborales.



    Caídos en la trampa de tener que devolver deudas enormes, muchos gobiernos de los países en desarrollo – que representan  4 mil millones de personas o el 80 por ciento de la población mundial – han sentido que no tenían más elección que aceptar el implementar esas reformas a cambio de la asistencia del FMI. Los resultados, sin embargo, han traído la ruina a las economías nacionales, recortes en escuelas y hospitales, aumento de la pobreza y el hambre, y daños ecológicos.



El impacto en el empleo

El FMI ha promovido ardientemente le llamada “flexibilidad del mercado laboral” por medio de cambios en las leyes laborales y en las políticas salariales, con el objetivo de hacer a los países más competitivos y más atractivos para la inversión extranjera, y de eliminar los “desincentivos” que impiden a los empleadores contratar más trabajadores. Sin embargo, según el Informe sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas de 1995, los empleadores están utilizando la flexibilidad laboral extra de las leyes laborales para eliminar puestos de trabajo y disminuir, en lugar de aumentar, la capacidad productiva y crear puestos de trabajo, ya que las reformas son introducidas para facilitar el despido de trabajadores y minar la capacidad de los sindicatos para defenderlos.

   En la primavera de 2000, por ejemplo, los legisladores argentinos aprobaron la más dura de dos reformas legislativas laborales después de que funcionarios del FMI hablaran decididamente a favor de ella, a pesar de que decenas de miles de argentinos llevaron a cabo huelgas generales contra la reforma.

   También contribuye al desempleo el requerimiento por parte del FMI de que los países privaticen las empresas y los servicios públicos y eliminen trabajadores del sector público. En muchos países en desarrollo, el sector público ha proporcionado una gran cantidad de empleo. A medida que el FMI fuerza a los países a disminuir el tamaño de las agencias estatales, las filas de desempleados crecen más deprisa de lo que el sector privado puede absorber. Al mismo tiempo, eliminar las barreras a la inversión y al comercio extranjeros hace mucho más difícil para los productores privados locales el competir contra los mejor equipados y más ricos proveedores extranjeros, lo que a menudo también conduce al cierre de negocios y a los despidos.



    Reorientar la economía hacia la producción para la exportación puede tener resultados similares. Con la mayoría de países en desarrollo bajo ajuste estructural, casi todos ellos están intentando exportar productos agrícolas y recursos minerales parecidos, a menudo idénticos, a las naciones industrializadas. El resultado es la saturación, el colapso de los precios de los productos básicos y la consiguiente pérdida de medios para ganarse la vida.

    Análogamente, la política del FMI de devaluación de las monedas nacionales de los países menos desarrollados hace que las importaciones – que a menudo incluyen recursos energéticos y maquinaria – sean más caras, exprimiendo así a las industrias domésticas que dependen de las importaciones y forzándolas a despedir a más trabajadores. Como también, la política del FMI de elevar los tipos de interés impide a los pequeños negocios acceder al capital necesario para expandirse o mantenerse a flote, lo que frecuentemente les conduce al cierre, dejando todavía más trabajadores desempleados.

    El enfoque del FMI, basado simplemente en el mercado, ha contribuido al hecho de que al menos mil millones de adultos – más del 30 por ciento de los trabajadores del mundo – estén hoy en día desempleados o precariamente empleados. En Senegal, presentado por el FMI como un éxito por sus elevadas tasas de crecimiento, el desempleo aumentó del 25% en 1991 al 44% en 1996. En Corea del Sur, un crédito de ajuste estructural por valor de 58 mil millones de dólares contribuyó a una media de pérdidas de empleo de 8000 personas diarias. Y, para agravar más aún esta dura realidad, está el hecho de la carencia de redes de seguridad social que puedan ayudar a las personas sin empleo.

    Pero incluso las personas que tienen empleo lo pasan mal, ya que el FMI con frecuencia anima a los países a mantener los salarios bajos con el fin de atraer las inversiones extranjeras. Lo cual, a menudo, se traduce en una disminución del salario mínimo y en un debilitamiento de las leyes de negociación colectiva. En Haití, por ejemplo, el gobierno ha sido presionado para que congele los salarios y rehaga el código laboral, eliminando un mandato estatutario según el cual se debía aumentar el salario mínimo cuando la inflación anual superase el 10%. A finales de 1997, el salario mínimo de Haití era de sólo 2,4 dólares diarios, correspondiente al 19,5% del salario mínimo de 1971. Las devaluaciones monetarias también presionan los salarios a la baja. Según el profesor Michel Chossudovsky, en el Africa subsahariana, la devaluación del franco CFA, impuesta por el FMI y por el Ministerio de Hacienda francés a principios de 1994, “disminuyó abruptamente el valor real de los salarios y del gasto del gobierno en un 50%”. Este tipo de resultados está muy extendido. Costa Rica, el primer país centroamericano en implementar un PAE, vio declinar los salarios reales en un 16,9% entre 1980 y 1991, mientras que durante los cuatro primeros años del PAE de Hungría, el valor de los salarios cayó un 24%.

El impacto en la sanidad 

Aunque los gobiernos de los países ricos habitualmente se implican en gastos deficitarios, el FMI y el Banco Mundial han convertido tal cosa en un tabú para los países pobres. Enfrentados a pocas posibilidades de elección, los gobiernos se ven obligados a menudo a recortar los gastos sociales, ya que éstos no generan ingresos para el presupuesto nacional. Como consecuencia, a lo largo de los ´80, los gastos en sanidad en los países africanos programados por el FMI-Banco Mundial descendieron un 50%, según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa. Mientras tanto, para reducir los déficits presupuestarios, con frecuencia se aumentan los precios por los servicios médicos, lo que conduce a un menor tratamiento, a más sufrimiento y a muertes innecesarias.



    En Zimbawe, el gasto por persona en sanidad ha caído un tercio desde 1990, cuando se introdujo un programa de ajuste estructural. La UNICEF informó en 1993 que la calidad de los servicios sanitarios  había disminuido un 30% desde entonces; que el doble de mujeres estaba muriendo a causa del parto; y que una menor cantidad de personas visitaba las clínicas y los hospitales porque no podían pagar los precios como usuarios.

    En Filipinas, un programa del FMI ha sido la causa de que las asignaciones de presupuestos para cuidados sanitarios preventivos de la malaria y la tuberculosis hayan caído un 27% y un 36% respectivamente, y que los programas de vacunación hayan descendido un 26%.

    En Kenia, la introducción de precios para los pacientes de la Clínica para el Tratamiento Especial de las Enfermedades de Transmisión Sexual de Nairobi (crucial para la disminución de las posibilidades de transmisión del VIH/SIDA) dio lugar a una disminución de la asistencia del 40% para los hombres y del 65% para las mujeres, durante un periodo de nueve meses.



    A lo largo de una gran parte de Africa, los recortes en el gasto sanitario del gobierno, como consecuencia de los programas de ajuste estructural, han causado un descenso de los fondos asignados para utensilios médicos (incluyendo jeringuillas desechables). Esto, unido a los aumentos, ordenados por FMI, de los precios de la electricidad, del agua y de los combustibles (necesarios para esterilizar las agujas), ha hecho aumentar la incidencia de las infecciones (incluyendo la transmisión del VIH). Como señala Michel Chossudovsky, “incluso el Banco Mundial admite que los programas para el control de las enfermedades transmisibles, como la diarrea, la malaria y las enfermedades respiratorias agudas, se han deteriorado en los países en desarrollo”. Aún así, las “soluciones” que se proponen siguen consistiendo en la privatización efectiva de la sanidad pública y el despido masivo de médicos y trabajadores sanitarios.




El impacto en la educación

Estas mismas políticas han tenido un efecto igualmente devastador en las posibilidades de impartir educación en los países en desarrollo. Bajo el mandato de reducir el tamaño del estado, el FMI ha impulsado la privatización de las escuelas. Cuando tal cosa se llevó a cabo en Haití, un informe del FMI indicaba un extremo deterioro de la calidad y de la asistencia a la escuela, lo cual iba a obstaculizar la capacidad humana del país durante muchos años. Por ejemplo, sólo el 8% de los maestros de las escuelas privadas (que son ya el 89% de todas las escuelas) tienen cualificación profesional, en comparación con el 47% en las escuelas públicas. La inscripción en la enseñanza secundaria cayó del 28 al 15% entre 1985 y 1997. Sin embargo, el informe termina con la recomendación de que Haití continúe con las iniciativas de privatización.



    Los recortes dictados para equilibrar el presupuesto nacional han supuesto que, sólo en los ´80, el gasto en educación en los países africanos que llevaban a cabo un ajuste estructural disminuyera un 25%, según la Comisión Económica de las Naciones Unidas par Africa. Al mismo tiempo, para disminuir los déficits, con frecuencia se introducen cobros en las escuelas, forzando a los padres a sacar a sus hijos – habitualmente las chicas – de la misma, de manera que los niveles de alfabetización y los conocimientos útiles disminuyen.

   En Ghana, la Encuesta sobre Niveles de Vida de 1992-93 encontró que el 77% de los niños de la calle de la capital, Accra, habían abandonado la escuela como consecuencia de la imposibilidad de pagar las facturas. En Zambia, el gobierno ha sido forzado a  recortar su gasto en educación de 40 libras por alumno de primera enseñanza en 1991 a 10 libras. La inscripción, en consecuencia, ha caído del 96% de mediados de los ´80 al 77% actual.

   En el Africa subsahariana, como condiciones explícitas del ajuste, los presupuestos para educación han sido reducidos, el número de graduados en las escuelas para formación de maestros está congelado, el número de horas presenciales de los niños en las escuelas recortado, y se ha instaurado un “sistema de doble turno” de manera que un solo maestro ahora hace el trabajo de dos. Los  maestros sobrantes son despedidos y los ahorros resultantes para Hacienda son canalizados hacia el pago de los intereses de la deuda.

El impacto en la seguridad alimentaria

A causa de los ajustes estructurales, la seguridad alimentaria ha declinado drásticamente en muchos países en desarrollo. El cambio de producción agrícola doméstica a producción orientada a la exportación ha minado la capacidad de la gente para proveer a sus familias, al disminuir la cantidad de alimentos cultivados para consumo doméstico. La creciente dependencia de los alimentos importados que tal cosa crea, sitúa a los países en una posición extremadamente vulnerable, porque carecen de dinero para importar suficiente alimento, debido a las caídas en los precios de las exportaciones y a la necesidad de pagar la deuda. No debería sorprender, por lo tanto, que el 80% de todos los niños malnutridos del mundo en desarrollo vivan en países en los que los granjeros han sido obligados a cambiar  de una producción de alimentos para el consumo local a la producción de cultivos para su exportación al mundo industrializado. Es más, como el que fuera economista del FMI, Davison Budhoo, señala, la orientación a la exportación “ha conducido a la devastación de la agricultura tradicional y a la emergencia de hordas de agricultores sin tierra en casi todos los países en los que opera el Fondo”.



   El hambre y la quiebra de los agricultores también es la consecuencia del recorte presupuestario que se lleva a cabo bajo los programas del FMI, que a menudo conducen a la eliminación de los precios subsidiados de materias esenciales, como los fertilizantes, cuyos precios se disparan (un problema que es agravado por las devaluaciones de la moneda inspiradas por el FMI). Todo esto, con frecuencia, conduce a disturbios de gran escala. Por ejemplo, en 1989, en Caracas, después de un aumento del 200% en el precio del pan, los disturbios que se sucedieron fueron reprimidos por el ejército disparando sobre la gente y matando a 1000 personas. Al mismo tiempo, los altos tipos de interés a menudo impiden a los pequeños agricultores obtener el capital necesario para mantenerse a flote, forzándolos a vender sus tierras, a trabajar como arrendatarios o a marcharse a los suburbios de las grandes ciudades.

El impacto en el medio ambiente

El medio ambiente natural es otra de las principales víctimas del ajuste estructural. Los recortes de los gastos del gobierno dictados por el FMI han tenido impacto inevitablemente sobre los ministerios de medio ambiente, entre los que se incluyen el de Brasil (que disminuyó los fondos para la seguridad medio ambiental en un 50%), el de Rusia y el de Indonesia – países que son conocidos por su gran biodiversidad. En todos excepto uno de los nueve países que el Fondo Mundial para la Naturaleza ha estudiado para evaluar los impactos del ajuste estructural, el equipo del  departamento de recursos naturales había sido reducido, el presupuesto había sido recortado y las normas habían sido debilitadas. El resultado ha sido una espiral descendente en los niveles de gestión y protección medio ambiental.



   El hincapié que ponen los programas del FMI en atraer las inversiones extranjeras y así aumentar la competitividad también induce a los países a rebajar los estándares medio ambientales. Por ejemplo, en Guyana, en 1988, bajo las directrices del FMI, se redactó un nuevo código sobre inversiones que casi no contenía ninguna restricción medio ambiental para las corporaciones extranjeras. La importancia central que el FMI concede al crecimiento orientado a las exportaciones ha llevado a los países a extraer recursos naturales a ritmos insostenibles. En Guyana, los permisos para minería a gran escala (en su mayor parte propiedad de empresas extranjeras) cubren ya el 10% de la superficie del país, y las concesiones madereras se extienden a la mayoría de sus bosques, transformando los ecosistemas locales, contaminado las vías de agua, destruyendo los bosques y arruinando el suelo.

Fracaso en sus propios términos

A pesar de que el Fondo y el Banco han promovido los PAEs como virtualmente una religión durante casi 20 años, ni siquiera pueden afirmar que han logrado sus propios y estrechos objetivos. Los estudios internos del FMI revelan que muchos PAEs han fracasado en impulsar el crecimiento económico, reducir los déficits fiscal y de balanza de pagos, disminuir la inflación y reducir la deuda externa. En realidad, entre 1980 y 1997, la deuda de los países con bajos ingresos creció en un 544% y la de los países con ingresos medios en un 481%. Así pues, los países pobres han soportado todo el sufrimiento del ajuste estructural sólo para continuar involucrados en una transferencia neta de riqueza hacia el mundo industrializado.




   Hace una década y media, comparábamos a las instituciones de Bretton Woods con médicos medievales. No importa cuál fuera la dolencia, ellos aplicaban sanguijuelas al paciente y lo sangraban. En el nacimiento del nuevo milenio, los crueles cuidados de los doctores han sido expuestos en docenas de estudios y en crecientes protestas vocales en las calles. Aún así, hasta el momento, la respuesta del Fondo y del Banco ha sido mayormente cosmética. Se aplican nuevas sanguijuelas, disfrazadas por expertos en relaciones públicas. Sin embargo, la creciente y enérgica protesta pública en el Norte y también en el Sur indican una navegación tormentosa para estas instituciones durante los próximos años.

----------------------------------------
The Ecologist  - Volume 30 No 6













No hay comentarios:

Publicar un comentario