domingo, 2 de enero de 2011

Neoliberalismo y capitalismo académico

Neoliberalismo y capitalismo académico

Jaime Ornelas Delgado

A fines del 93, asistí a los funerales de una linda escuela–taller, que había funcionado durante tres años. Los alumnos venían de los suburbios más pobres de la ciudad. Eran muchachos condenados a ser delincuentes, mendigos o putas. La escuela les enseñaba oficios, herrería, carpintería, jardinería, y sobre todo les enseñaba a quererse y a querer lo que hacían. Por primera vez escuchaban decir que ellos valían la pena, y que valía la pena hacer lo que estaban aprendiendo a hacer. La escuela dependía de la financiación extranjera. Cuando se acabó la plata, los maestros recurrieron al estado. Fueron al ministerio y nada. Fueron a la alcaldía, y el alcalde les aconsejó:
- Conviértanse en empresa.

Galeano, 2004: 184.

Introducción

Todo sistema educativo está marcado por una doble elección: la de un proyecto de Hombre y de Sociedad.

En efecto, en cada una de las distintas fases históricas del desarrollo de toda sociedad es posible distinguir al pensamiento social y filosófico que estrechamente vinculado a los sectores sociales dominantes impone su impronta en el diseño, orientación y funcionamiento del sistema educativo nacional, es decir, hegemónico. (2)

En todo caso, cuando una clase social, sus ideólogos, políticos e intelectuales enfrentan históricamente la necesidad de establecer los fundamentos de la nación que mejor se avenga a sus intereses y al ejercicio de su hegemonía (3) –que se impone al conjunto de la población no sólo por la fuerza sino también mediante el consenso–, la educación se convierte en uno de los elementos más valiosos e indispensables en el diseño del país a que se aspira y de los hombres y mujeres que a su interior habrán de formarse.

El proyecto económico–político–cultural nacional, que termina por supeditar todas las expresiones económicas, políticas y culturales correspondientes a las clases sociales subalternas, finalmente se impone mediante la educación informal y del sistema educativo formal, convertido desde entonces en nacional y hegemónico. (4)

Ahora bien, en todo sistema educativo nacional un papel de fundamental importancia lo desempeña el nivel superior que tiene como eje central a la enseñanza universitaria (5) en cuyas instituciones, si bien se adiestran los dirigentes y administradores del sistema económico–político–cultural, se forman numerosos científicos, intelectuales, artistas y profesionales que construyen la contracultura que resiste a la dominación y llegan a constituir la conciencia crítica de la sociedad. Esta condición, por demás esencial a la Universidad, hace que su desarrollo transcurra en medio de una compleja realidad determinada por múltiples contradicciones internas y externas a la propia institución.

En México y en buena parte de América Latina, en este momento caracterizado por las crecientes críticas al modelo neoliberal dominante, se debaten dos proyectos de universidad: uno, pretende generalizar e imponer el modelo empresarial como única opción a la enseñanza universitaria determinada ya sea por motivos ideológicos o estrictamente mercantiles, aunque ambos finalmente no parecen ser excluyentes (6); el otro modelo, en cambio, enfatiza la distinción entre la orientación y fines de la universidad pública laica, gratuita y autónoma de aquellos fines perseguidos por las empresas privadas que mercantilizan el servicio educativo. En pocas palabras, resume Espinoza (2005: 3): en estos momentos en nuestros países se intensifica la polémica entre quienes están a favor de adecuar las universidades a la lógica de los valores del mercado y quienes exigen mantenerlas en los marcos de la academia preservando su carácter crítico, que es decir científico.

Para aproximarnos a este debate, aunque sea de manera breve, conviene ofrecer los elementos esenciales por la modalidad neoliberal del capitalismo asumida por nuestros países. El propósito es tratar de comprender el impacto e influencia de esta modalidad, particularmente, sobre la educación superior financiada con recursos fiscales, y específicamente en las universidades de régimen público donde empieza a predominar la tendencia a la mercantilización de la educación y la privatización del conocimiento, que en muchos casos junto con el acoso financiero, las lleva a competir en el mercado educativo no sólo con otras universidades públicas sino también con empresas de capital privado nacional y extranjero dedicadas al negocio de educativo.

La reflexión sobre lo que esto significa resulta fundamental y trascendente pues lo que está en juego es, nada más ni nada menos, que el futuro de la educación universitaria como derecho social y la preservación del conocimiento que en ella se genera como bien público. El trabajo concluye con el planteamiento de algunos retos inmediatos que en estos momentos enfrentan las universidades públicas y aquellos de sus miembros dispuestos a defender y mantener el carácter laico, gratuito y autónomo de sus instituciones.

El neoliberalismo

En términos generales, el modelo neoliberal tiene tres principios fundamentales:

1] Imposición del libre mercado en el funcionamiento de la economía, lo que significa la sustitución de la razón política por la económica;

2] Apertura total, comercial y financiera, de la economía; y

3] Desplazamiento del Estado de la actividad económica y privatización de los activos nacionales.

El proyecto neoliberal propone el establecimiento de una economía de libre mercado, sustentada en un conjunto de premisas, que de una u otra manera los sectores hegemónicos han impuesto a la mayor parte de la población para constituir una especie de sentido común conformado por verdades absolutas, dogmáticas e indiscutibles.

Las premisas con las cuales se supone es posible lograr que la economía alcance su funcionamiento óptimo, son a saber las siguientes:

1) Todo el capital es libre y debe tener absoluta movilidad;

2) La sociedad actual es una sociedad de consumo donde las necesidades son mejor satisfechas en un mercado que funciona libremente que en otro donde interviene el Estado (7); por tanto, si el mercado es capaz de resolverlo todo la acción estatal en la economía resulta ociosa, onerosa y riesgosa, pues impide el “equilibrio natural” entre compradores y vendedores que actúan en el mercado. (8)

Tales verdades, inamovibles y dogmáticas, a pesar de su endeble sustento han adquirido un papel determinante en la propuesta ideológica que se empeña en asegurar que la economía de mercado es la única opción posible para países como el nuestro, con todo y que esta forma de funcionamiento económico ha mostrado, una y otra vez, su incapacidad para resolver los problemas que, aunque se soslayan, resulta cada vez más difícil ocultar, entre otros: la falta de crecimiento económico, la pobreza y el desempleo.

Al mismo tiempo, con la finalidad de legitimar las reformas estructurales de orientación al mercado la estrategia gubernamental para difundir e imponer el proyecto neoliberal se fundamentó en la certeza impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) de que la apertura comercial y financiera aseguraría, de manera automática, niveles de eficiencia económica y tasas de crecimiento superiores a las alcanzadas con la intervención estatal en la economía y el crecimiento hacia adentro.

En este sentido, al hacer la apología de la apertura comercial, el jefe de la División de Política Comercial del FMI, Robert Sharer (1999: 26), afirmaba:

Los estudios empíricos indican la estrecha relación entre el crecimiento económico y la exportación. En efecto, ningún país con una economía cerrada y una política orientada hacia el interior ha conseguido, ni mantenido, altas tasas de crecimiento económico.

Esta aseveración que dogmáticamente se generaliza y pretende hacer creer que los resultados de la apertura benefician por igual a todas las economías cualesquiera que ser su nivel de desarrollo, soslaya que los resultados obtenidos por las economías que participan en el mercado mundial son totalmente desiguales. En el caso de América Latina, la evidencia empírica de lo ocurrido en las dos últimas décadas en las que ha predominado la modalidad neoliberal sustentada en la apertura total e indiscriminada de sus economías, ha traído consigo resultados desiguales aunque en la mayoría de los países de la región ha significado, entre otras muchas cosas: un lento y errático crecimiento que en algunos países, como México, se aproxima al estancamiento productivo; la ampliación constante del desempleo y dificultades sin fin para erradicar la pobreza y mejorar la distribución de la riqueza.

Finalmente, la imposición del libre mercado, tanto como la apertura indiscriminada de la economía, exige restarle al Estado los instrumentos mediante los cuales interviene en el proceso económico pues se considera que esa intervención, al tiempo de obstaculizar la “tendencia natural al equilibrio del mercado”, significa también utilizar indebidamente recursos públicos para mantener en el mercado empresas ineficientes, monopólicas y subsidiadas –como si ese fuera el fundamento de la intervención del Estado en la economía–, que además de impedir la elevación de la competitividad del sistema económico, hacen una “desleal competencia” a las empresas privadas. En otras palabras, sin considerar el carácter social de las empresas públicas, se demanda su desaparición y se exige dejar todo el mercado a las empresas privadas sin ejercer control social alguno que permita moderar la avidez de ganancia que caracteriza al capital privado y modere las distorsiones sociales ocasionadas por la propia acción del mercado.

Con el retiro de la economía del Estado, al mismo tiempo, se propone el traslado sin excepción de todos los activos de su propiedad al sector privado y que el aparato gubernamental atienda únicamente aquellas actividades necesarias que, en ese momento, no resulten atractivas a los inversionistas ya sea porque en ese momento ofrezcan una baja tasa de ganancia, o la magnitud de los recursos a invertir rebase sus posibilidades financieras, o simplemente porque los empresarios prevean una lenta recuperación de su inversión. Sin embargo, se advierte que cuando esta situación cambie y esas actividades ofrezcan ganancias suficientes deben pasar a manos del capital privado.

En síntesis, el paradigma neoliberal diseñado e impuesto en el mundo por el FMI y el Banco Mundial (BM), se sustenta en tres falacias:

1) Sólo el libre juego de las fuerzas del mercado garantiza el funcionamiento armónico de la economía y su rendimiento óptimo.

2) En el mercado, los intereses individuales se identifican con los intereses sociales.

3) Únicamente el libre mercado garantiza la máxima satisfacción (identificada con la felicidad) a los consumidores y la máxima ganancia a los productores.

Impacto neoliberal en la educación superior

En materia educativa el neoliberalismo proclama también el libre mercado y, en consecuencia, rechaza la educación pública por considerar que impide la libertad educativa al ser un monopolio que imposibilita la participación de otros agentes más eficaces para proveer la oferta en el mercado del servicio educativo. Este mercado, para ser libre, eficiente y alcanzar la máxima calidad deberá someterse a la competencia entre empresas mercantiles privadas productoras del servicio.

La libre competencia a que se sometan las empresas educativas, se dice dogmáticamente, hará que de manera permanente todas ellas se esmeren por ofrecer servicios de calidad para atraer y dejar satisfechos a “sus clientes” pues esa es la única posibilidad de obtener las ganancias necesarias para mantenerse en el mercado, que tenderá a constituirse sólo con empresas eficientes pues aquellas que no lo sean, tarde o temprano, tendrán que abandonarlo.

En este sentido, según afirman Rose y Milton Friedman, dos de los promotores más reconocidos del neoliberalismo, la competencia es el único camino que permite depurar al mercado educativo, tal y como ocurre, por ejemplo, en el servicio de restaurantes y bares:

Muchas escuelas se crearán por iniciativa de grupos no lucrativos. Otras serían montadas para conseguir beneficios. No hay modo de predecir la composición definitiva de la industria educativa: la determinará la competencia. La única previsión que puede hacerse es que sólo sobrevivirán las escuelas que satisfagan a sus clientes; del mismo modo que sólo continúan los restaurantes y bares que agradan a sus clientes. La competencia se ocuparía de ello (Friedman, 1983: 235–236).

Para estos autores, como para muchos otros del mismo corte ideológico, la educación es un mero servicio mercantil como cualquier otro, incluso como aquellos que se brindan en los restaurantes y cantinas, nunca es considerada la educación como un derecho social.

Al convertirse la educación superior en un servicio mercantil se conculca como derecho social, es decir, deja de ser un bien público para convertirse en un bien privado producido mediante la relación capital–trabajo. Convertido en bien privado, los jóvenes sólo pueden acceder al servicio educativo través del mercado pagando el precio determinado por la oferta y la demanda, pero como esta condición eliminaría a las jóvenes talentos que carecen de recursos se insiste en que el gobierno debe financiar la demanda mediante el expediente de becar a los estudiantes que lo “merezcan”, por supuesto aquellos que sean funcionales a la empresa privada y al mercado.

Consecuente con esta visión, se asegura que la libre competencia en el mercado resulta el factor determinante para elevar la calidad del servicio educativo, de ahí que se demande abrir sin limitaciones el sector educativo y permitir la entrada del capital en todos los niveles del sistema, particularmente en el superior, por lo que se exige al Estado dejar de financiar la oferta pública de enseñanza universitaria y destinar recursos a fortalecer la demanda efectiva que se convertirá, así, en el estímulo requerido por los empresarios privados para invertir y ofrecer los servicios educativos de una calidad tal que les permitan ganar clientes y maximizar su ganancia.

Al aplicarse el principio de la libre movilidad del capital en el servicio educativo, lo que en realidad ocurre es el desplazamiento de la razón social por la razón económica, con lo cual la formación universitaria tiende a perder su sentido humanista y social para convertirse en un proceso lucrativo que únicamente ofrece a los jóvenes adiestramiento y capacitación en habilidades y competencias específicas demandas por el aparato productivo, soslayándose la creatividad y el pensamiento crítico, valores sin demanda efectiva por ser poco o nada apreciados en el mercado en tanto que los empresarios no requieren profesionales o técnicos formados en esos valores.

De esta manera, el mercado se convierte así en el único parámetro en la determinación del tipo de investigación y enseñanza profesional que deberán ofrecer las universidades, cuyas actividades sólo parecen tener sentido si se someten a las necesidades del capital y el mercado. Con esto, se pretende reducir la función de la universidad pública a la producción de “capital humano”, de cuadros técnicos sin formación intelectual y cultural alguna, pues no la requieren si sólo han de ser útiles a la productividad, la competitividad y la rentabilidad empresarial. Se forman, pues, profesionales para la empresa y no para servir a la sociedad en su conjunto con lo que la universidad pierde su sentido social al ponerse al servicio de una parte de la sociedad: los empresarios.

Por supuesto, en las universidades privadas desde su aparición se forman, exclusivamente, los profesionales y técnicos capaces de reproducir la ideología y la economía dominantes. (9) En realidad este tipo de empresas educativas no viven las contradicciones de la universidad pública, de donde pueden surgir intelectuales y profesionales críticos e insumisos que se atreven a dudar de los dogmas y las verdades reveladas y se realizan investigaciones cuyos resultados develan los misterios de la reproducción del capital mediante la explotación de la fuerza de trabajo y, al mismo tiempo, someten a la crítica los fundamentos ideológicos que sostienen tales misterios que el capital se empeña en mantener ocultos.

La propuesta neoliberal concluye que la competencia entre los oferentes privados de la educación convertida en servicio mercantil, es lo único que puede garantizar la mayor satisfacción del consumidor de acuerdo con el precio que paga por adquirirla:

En las instituciones privadas los estudiantes son los principales clientes; pagan por lo que se les da y quieren recibir el equivalente a su dinero. La universidad vende enseñanza y los estudiantes la compran. Como en la mayoría de los mercados privados, ambas partes tiene fuertes incentivos que ofrecerse mutuamente. Si la escuela superior no proporciona el tipo de enseñanza que quieren sus estudiantes, éstos pueden irse a otro sitio, quieren sostener plenamente el valor de su dinero (Friedman, 1983: 244).

Finalmente, si como insisten los ideólogos neoliberales el mercado soluciona las necesidades de la demanda efectiva de educación universitaria no hay necesidad alguna de la participación del Estado en la oferta educativa, por lo que su presencia e influencia en la formación de los jóvenes debe desaparecer para dar paso al libre mercado educativo y a la educación sustentada en los valores del mercado.

De esta manera, bajo el supuesto de garantizar la eficiencia y productividad del sistema educativo en su conjunto, se cumple con el segundo de los postulados neoliberales mencionados líneas arriba: la apertura del mercado a los intereses comerciales y financieros del sector privado. Esa apertura debe ser ilimitada y, por tanto, si se pretende un mercado absolutamente libre ni siquiera se pueden imponer limitaciones al capital extranjero en ninguno de los niveles del sistema educativo.

Particularmente en México, el capital extranjero ha empezado a poner su interés en el nivel superior y ya existen universidades adquiridas por inversionistas extranjeros que han elevado su participación en el mercado con la complacencia de las autoridades.(10) Sin embargo, la transnacionalización de la educación superior ofrece más riesgos que ventajas al país y sería prudente evitarla, aunque se argumente que con la llegada del capital de origen extranjero al sector educativo y la competencia a que son sometidas el resto de empresas que operan en el mercado, aumentaría la calidad del servicio ya que todas ellas si quieren atraer clientes y permanecer en el mercado tratarán de ofrecer “la mayor calidad al más bajo precio”.

En las empresas extranjeras de educación, mediante el uso de modelos que no corresponden a nuestra diversidad cultural, y menos a los intereses nacionales, se capacitan y adiestran los jóvenes de la clase dominante –o cooptados de cualquier otra clase social pues en esto sí el poder no tiene prejuicio alguno, el requisito es su docilidad y vocación de servicio al capital–, que tienen como destino profesional administrar el sistema en su conjunto pensando más bien en como incrementar la ganancia del capital que en posibles soluciones a los problemas que aquejan a la población trabajadora de la ciudad y el campo.

En el modelo neoliberal, el libre funcionamiento del mercado y la apertura al capital en todos los ámbitos tienen su justo complemento en la privatización generalizada. Así, para los abogados del neoliberalismo el Estado no debe intervenir en el sistema educativo pues, al ser gratuito el servicio que ofrece, su participación en el mercado significa una desleal competencia a las empresas privadas y, al mismo tiempo, evita la libre competencia, pero sobre todo la educación pública resulta socialmente onerosa al ofrecer carreras profesionales con baja demanda efectiva, como Filosofía y Letras, Sociología, Historia, Antropología y muchas más cuyo financiamiento se considera un derroche de los recursos fiscales.

Los argumentos neoliberales no terminan ahí, por el contrario abundan en consideraciones de tipo cuantitativista y economicista, como es el caso de los estrechos análisis que realiza el Banco Mundial para establecer la rentabilidad del gasto educativo y, de ahí, establecer las prioridades del sector. Este tipo de análisis basado en el costo–beneficio que relaciona el gasto educativo con el número de estudiantes atendidos por profesor, se realiza más bien con el criterio de minimizar costos elevando la eficiencia –medida únicamente, como se dijo, por la cantidad de alumnos atendidos– y, con ello, fijar el logro de ciertas metas de cobertura educativa soslayándose, entre otras cosas, el efecto social de la educación.

En otras palabras, este análisis francamente economicista se usa sin considerar las múltiples dimensiones de la educación y el impacto social múltiple de la política educativa por lo que, particularmente en lo que toca a la educación superior, resulta parcial y deformante, aunque de ninguna manera ingenuo pues sus conclusiones se orientan a establecer propuestas para “introyectar en el sistema educativo los valores del mercado. Eso se ve transparentemente cuando se introducen toda clase de mecanismos competitivos para mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema educativo” (Coraggio, 2004: 23).

De esta forma, magnificando dicho criterio se afirma que el nivel educativo básico (preprimaria, primaria y secundaria) tiene la mayor rentabilidad social pues con un gasto determinado se atiende a una población considerablemente mayor –disminuyendo el costo por alumno– a la que con el mismo monto se podría atender en los niveles medio y superior, lo que eleva el costo por estudiante atendido. En consecuencia, se concluye que debe universalizarse el nivel násico por ser el de mayor tasa de rentabilidad; en cambio, el nivel medio–superior es socialmente menos rentable, mientras que los estudios superiores carecen de rentabilidad social alguna en la medida que benefician exclusivamente a los individuos que los cursan y muy poco a la sociedad. Si eso es así, la conclusión es obvia: los jóvenes que quieran realizar estudios universitarios tendrá que pagar por ello, aunque se les asegura que el pago de sus estudios no es gasto sino inversión pues si bien al cubrir con sus propios recursos el costo de su formación el estudiante reduce su consumo actual lo hace con el exclusivo propósito de incrementar su consumo futuro, que es el principio fundamental de toda inversión productiva.

Pero si bien el Estado debe universalizar el ciclo básico, las propuestas neoliberales exigen que se haga financiando la demanda no la oferta dejando así a los niños y los jóvenes –o a los padres a los que se les concede el derecho de la decisión– la “libertad de elegir” la escuela en la que desean estudiar. En este caso, al gobierno correspondería sólo cubrir el pago de la colegiatura correspondiente a las escuelas que atiendan a los alumnos.

Respecto de los estudios universitarios se enfatiza que estos no deben recibir recursos fiscales –o deben reducirse al mínimo–, pues las instituciones que los ofrezcan deben ser autofinanciables, obteniendo recursos mediante la venta de cursos de todo tipo; de la misma manera, una fuente importante de ingresos es ofrecer al mejor postor los resultados de las investigaciones universitarias a las empresas que los requieran, o realizar investigaciones por encargo financiadas por el capital privado; asimismo, los alumnos deberán cubrir el costo real de su formación como “capital humano” ya que ellos son los únicos beneficiarios de los estudios universitarios.(11)

En síntesis, podemos decir que en materia educativa el paradigma neoliberal, apoyado de diversas maneras por el FMI y el BM, se sustenta en tres falacias:

1) La educación superior debe supeditarse a los requerimientos del sector productivo, esto es, la formación del capital humano sólo puede asegurarlo la privatización del sector y su apertura total, incluso al capital extranjero, sin limitación ni regulación social alguna.

2) Sólo el mercado garantiza la mayor calidad educativa de todo el sistema.

3) Particularmente la educación universitaria debe ser un bien privado, es decir, como su financiamiento no es del interés de la sociedad en su conjunto, el Estado debe apoyar con recursos fiscales la demanda y dejar de hacerlo con la oferta. En otras palabras, se propone la desaparición de las universidades públicas, o reducir su participación a su mínima expresión, para dejar el mercado de este nivel de estudios para beneficio exclusivo de las empresas privadas nacionales y extranjeras.

Como puede observarse, la propuesta neoliberal se caracteriza por referirse exclusivamente a la parte económica y se orienta exclusivamente a satisfacer las necesidades del aparato productivo, sin considerar los problemas sociales del crecimiento, el bienestar y la equidad, el empleo o el abatimiento de la pobreza, el análisis del poder o la búsqueda de alternativas viables al desarrollo económico y social, cuestiones puestas en el orden del día de naciones como la nuestra y que las universidades públicas no pueden ni deberían soslayar.

El “capital humano”

Como se dijo líneas antes, para los promotores del neoliberalismo los jóvenes que quieran tener una profesión universitaria habrán de financiar sus estudios con recursos propios y ese gasto, más bien, deben considerarlo como una inversión personal que cada cual hace para convertirse en “capital humano”, ya que el mejoramiento de su adiestramiento profesional les permitirá elevar su ingreso futuro. Ni más, ni menos, que la lógica del capital: posponer el consumo actual para aumentar las ganancias futuras.

Siguiendo la lógica de este supuesto, el Premio Nóbel de Economía 1992, Gary Becker (1983:38), uno de los principales teóricos del capital humano, define este concepto como: “Toda aquella actividad que influye sobre el ingreso futuro monetario o en especie por medio de aumentos en los recursos de las personas. Las formas de esta inversión incluyen escuela adicional a la obligatoria, cuidados médicos, migración…”; en consecuencia, supone que: “Cada individuo estaría dispuesto a sacrificar recursos y satisfacciones del presente, si a cambio consiguiese mayores recursos y satisfacciones en el futuro”. Esta suposición ofrece uno de los cambios más destacados que defiende este enfoque del capital humano: la visión de la educación como un gasto de inversión privado.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que pertenece México, retoma el concepto de capital humano y mantiene la visión economicista del mismo y afirma que su formación debe ser el propósito esencial de todo sistema educativo y reduce el concepto a: “Los conocimientos, habilidades, competencias y atributos que poseen las personas y que son relevantes para la actividad económica.” Ninguna otra finalidad tiene el sistema educativo, más que servir al capital.

Con esta definición, la OCDE ha insistido en sugerir a los países emergentes el diseño de políticas educativas que faciliten a los jóvenes los conocimientos, habilidades, competencias y atributos laborales demandados por el aparato productivo y, en última instancia, de las necesidades del capital para elevar su rentabilidad.

Particularmente la educación superior se concibe apenas como una actividad que procura sólo elevar la calificación de la mano de obra y como esa calificación terminará por beneficiar, más que a nadie, a quien se capacita el beneficiario –el capacitado y adiestrado en las instituciones educativas– es el único que debe cubrir el importe de su adiestramiento y adquisición de aquellas habilidades y competencias que le permitirán ingresar al mercado laboral obteniendo mayores ingresos que si no las hubiera adquirido; aún más, estos trabajadores obtienen ingresos personales, que es decir mayores ganancias, que aquellos cuya calificación es menor. Exactamente igual que como ocurre con las empresas más eficientes, cuyos ingresos serán superiores a las menos dotadas tecnológicamente, el mercado se encarga de hacer esa diferenciación.

Así, la educación superior deja de ser un bien público para convertirse en bien privado, esto es, pierde su calidad de derecho social para convertirse en un servicio mercantil al que se accede en el mercado sólo si se tienen los recursos suficientes para adquirirlo. Quienes tengan esa condición, podrán elegir de entre las diversas empresas privadas que compiten entre sí la que crean les ofrece mayores ventajas, mejores condiciones de calidad y tiempo para formarse como “capital humano”. De esta manera, cada empresa educativa en el mercado se esmera, sobre todo mediante intensas campañas publicitarias, para atraer a los clientes–consumidores.

El embate neoliberal contra la universidad pública

En la educación superior empeñada exclusivamente en la formación de capital humano, la visión neoliberal propone financiar con recursos públicos la demanda y no la oferta, esto es, permitir que a los estudiantes cursar su estudios en las empresas privadas que ofrecen el servicio educativo, lo que implica acentuar desde el poder de los gobiernos neoliberales la tendencia a la desaparición de las instituciones públicas de educación superior y a la desarticulación de sistema educativo nacional.

Los primeros pasos para lograr este propósito, han consistido en restringir los subsidios a las universidades públicas (bajo el principio neoliberal de hacer más con menos) y emprender una campaña mediática para vencer la resistencia que llegan a ofrecer algunos universitarios, tanto a esas restricciones como a la conversión de sus instituciones en empresa dedicadas sólo a agregar valor al “recurso humano” para convertirlo en capital que lucra con sus conocimientos.

Por supuesto, aquellas universidades de carácter público que se someten y asumen los valores del mercado, que deciden vincularse al sector productivo mercantil para atender las necesidades de capital humano y que aceptan actuar como empresas mercantiles por convicción o como su única posibilidad de sobrevivencia, además de lograr una mayor vinculación con el gobierno y el sector productivo, sostienen la idea de convertirse en entidades autofinanciables encareciendo los servicios a los estudiantes, pagando sueldos cada vez más bajos a los académicos y obligándolos a convertirse en promotores de sus propios servicios (ofreciendo, por ejemplo, cursos de capacitación, asesoría y solución a los problemas de competitividad y productividad de las empresas privadas, que es ahora lo que se llama investigación). (12)

Esta estrategia se acompaña de la exigencia de diversos sectores sociales, desafortunadamente no sólo de los dueños del capital, para que el gobierno traslade al sector privado la tarea de ofrecer los estudios superiores brindándoles las facilidades necesarias para cumplir con esa función cercenada al Estado y desvirtuada en la esencia académica y humanista de la universidad pública que pierde, así, su razón de ser.

El capitalismo académico

Como los esfuerzos del poder, empeñados en destruir a las universidades públicas, enfrentan cierta oposición política y social, así como la resistencia de algunos núcleos de trabajadores académicos y estudiantes, desde el aparato gubernamental, apoyado incluso en un numeroso sector de la burocracia universitaria, se ha promovido para las instituciones públicas una propuesta derivada de los principios y valores neoliberales, compendiada en el concepto de capitalismo académico, cuyo punto de partida es aceptar que “debido a su baja rentabilidad social” no hay razones válidas para que el Estado financie la educación superior, a cuyas instituciones se les exige ser autofinanciables mediante fuentes de financiamiento alternas al subsidio gubernamental.

La propuesta implica el impulso a programas de vinculación de la universidad con las empresas capitalistas que operan en el mercado. Mediante esos programas, se canalizan los esfuerzos de la institución y de sus docentes e investigadores encaminados a obtener fondos externos a la manera de cualquier empresa mercantil, participante en el mercado de bienes y servicios (González, 2001: 102).

De esta manera, el capitalismo académico permite explicar la orientación de las transformaciones recientemente promovidas en las universidades públicas que tienen el propósito de de convertirlas en especie de empresas lucrativas que persiguen maximizar sus ingresos y que entran en competencia con otras empresas que operan en el mercado con el mismo fin de obtener la máxima ganancia posible.

El concepto descubre también la forma como se han ido transformando los servicios universitarios en mercancía, así como la creciente importancia que adquieren en las universidades públicas aquellas actividades que sirven para ganar clientes y obtener mayores ingresos. De esta manera, las universidades procuran resolver sus dificultades financieras solucionando los problemas de las empresas de capital privado, con lo que se establecen entre las universidades públicas y las empresas privadas profusas relaciones mercantiles que termina por pervertir la esencia y funciones a la universidad.

Esto ha hecho que en muchas universidades públicas los investigadores empiecen a dedicar buena parte de su jornada laboral y sobre todo su inteligencia, talento y voluntad de trabajo, a buscar clientes en el marco de programas de vinculación –tarea convertida en una nueva función sustantiva universitaria–, encargados de “posicionar” en el mercado correspondiente los servicios ofrecidos por las universidades y los universitarios.

Este proyecto, por supuesto, tiene efectos derivados para las universidades públicas que empiezan a destinar más recursos a la investigación aplicada –que resuelve problemas específicos de una u otra empresa– que a la ciencia básica –cuyo fin es atender al desarrollo de la ciencia y producir conocimientos sin destinatario particular–, además de aumentar los recursos destinados a las ciencias naturales y a la innovación tecnológica, limitando aquellos orientados al desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades. (13)

En este proceso, las grandes perdedoras resultan ser la investigación científica, la educación que forma intelectual y culturalmente a los jóvenes y, particularmente, el pensamiento crítico, todos ellos –investigación científica, formación intelectual y pensamiento crítico– convertidos en especie de lastre para la “modernidad y la competitividad” de las universidades, cuyo propósito fundamental es ahora ganar mercados, lo que según muchos nuevos funcionarios universitarios es lo único que puede dar viabilidad a la universidad pública.

De esta manera se ha terminado por desvirtuar la esencia y función social de la universidad y de los resultados de su quehacer, convertidos ahora en bienes privados pues se ponen al servicio sólo de quien puede pagar tanto sus servicios educativos como los resultados de las investigaciones que realizan los académicos.

La obsesiva búsqueda de recursos externos

La escasez de recursos fiscales destinados a las universidades públicas, resulta ser la justificación inapelable para que sus directivos busquen afanosamente formas de comercialización que les permitan obtener los ingresos para seguir operando, aún a costa de la gratuidad de la enseñanza y las creciente limitaciones de ingreso a la universidad de jóvenes que demandan estudios profesionales. (14)

La venta de cursos y diplomados de aprendizaje “rápido y garantizado”, así como los sorteos anuales se han convertido en un lucrativo negocio para las universidades públicas que atienden a la recomendación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2001: 148), en el sentido de que deberán diseñar “mecanismos complementarios de financiamiento, entre los cuales se cuentan esquemas diversos de prestación de servicios y aportaciones de los alumnos y egresados.”

Los cursos más socorridos –ninguno gratuito, ni siquiera para los alumnos con inscripción vigente en la universidad–, son los de computación e idiomas que se ofrecen en casi todas las universidades del país a “precios módicos, horarios flexibles y facilidades de pago”, según rezan los respectivos promocionales. Ahora, más que el contenido la preocupación de sus organizadores radica en lograr que esos cursos tengan nombres y plazos atractivos de manera tal que atraigan la atención del potencial cliente. Así, en periódicos y revistas, o en las paginas Web de las universidades públicas, se pueden encontrar ofertas de cursos como: “Alta Dirección y Gestión Administrativa”; o bien: “Herramienta de Computo hacia la Excelencia Administrativa.”

Asimismo, se crean, expanden y difunden programas de posgrado orientados a los negocios (por ejemplo, entre otros se ofrecen doctorados en “Ciencias Económicas y Empresariales” ¡Ciencias empresariales!), es decir, con una orientación determinada más bien por intereses comerciales que académicos; posgrados donde no se realiza investigación y se reducen al mínimo las exigencias académicas para titularse con el fin de elevar la “eficiencia terminal” del posgrado. Estos posgrados tienen la peculiaridad de ser programas relativamente baratos en su instrumentación, pero los estudiantes deben pagar precios muy elevados por cursarlos y, una vez inscritos –como dicen los propios alumnos–, lo único que hay que hacer es no morirse y pagar puntualmente la colegiatura para obtener el título. (15)

Recientemente, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, registró su nombre y logotipo para comercializarlo “y obtener más recursos económicos ante el recorte de fondos que aplica el gobierno federal a las instituciones públicas de educación superior” (La Jornada, 8 de diciembre de 2005: 53). El rector de esa casa de estudios, Felipe Fornelli Lafón, al anunciar el registro de la marca aseveró: “El futuro de las universidades públicas es ser autofinanciables, y concretar la comercialización de los productos con logos y emblema puede ser una fuente de ingreso importante”. Desde ese momento, no se prohíbe utilizar para cualquier cosa el emblema universitario sino que para hacerlo hay que pagar.

Pero eso no es todo. Algunas instituciones en su afán de obtener mayores recursos, promueven el alquiler de sus instalaciones para “bodas y quince años”, o de sus auditorios para cualquier evento social, arguyendo que con eso se evita encarecer los servicios educativos y administrativos que vende la universidad.

Pero el capitalismo académico tiene en la investigación científica y la innovación tecnológica, su principal instrumento de vinculación con el mundo “real” y la ganancia, por supuesto nos referimos al de la producción y su administración, al mundo de los negocios privados.

Para las instituciones públicas de educación superior, la ANUIES (2001: 148) recomienda también poner énfasis en la vinculación con los sectores productivos de la economía mediante: “Actividades de generación y aplicación del conocimiento que generan recursos adicionales importantes”. De esta manera, las instituciones de educación superior, las empresas y el gobierno se presentan como tres entidades que establecen relaciones mercantiles en el mercado con el mismo fin: hacer que cada una de ellas maximice sus beneficios.

Los promotores de esta propuesta insisten en señalar que, actualmente, el conocimiento se produce exclusivamente en un contexto de aplicación destinado a cubrir las necesidades de las empresas que operan en el mercado, que son además las más dispuestas a pagar por él.

De esta manera, el desarrollo de los mecanismos para la comercialización de los conocimientos obtenidos en la investigación aplicada se ha convertido en una parte fundamental de las actividades que realizan empeñosamente las universidades, sus funcionarios, e incluso sus académicos, para elevar los ingresos, situación que finalmente termina por reproducir el esquema de mercantilización en que se ven inmersas las universidades públicas.

Esta situación ha hecho que en los nuevos circuitos de promoción de la investigación participen cada vez menos los académicos, mientras crece la influencia de los empresarios en la definición y dirección de los comités calificadores de iniciativas y proyectos de investigación a financiar; pero además, los funcionarios gubernamentales que participan en esas evaluaciones lo hacen como si fueran representantes del capital pues más bien tienen siempre presentes los intereses de la empresa –que identifican con los del gobierno y la sociedad– que los de la investigación misma, de los investigadores o de la población trabajadora. Así, en los organismos responsables de conducir la política de investigación en el país se fortalece la tendencia a creer que la investigación y el trabajo académico no sean juzgados sólo por pares académicos, sino también por los hombres de empresa, considerados parte esencial en la validación de sus resultados.

En este ambiente de mercantilización que empieza a caracterizar a la universidad pública, las opciones profesionales que se ofrecen se diseñan considerando, exclusivamente, la demanda de un mercado laboral determinado por las empresas privadas nacionales y extranjeras y los estudiantes son considerados consumidores cautivos del uso de estacionamientos, servicios de fotocopiado, computadoras, proyectores y muchos instrumentos más necesarios para el desarrollo de sus actividades académicas, por los que deben pagar una precio de alquiler si los quieren utilizar; asimismo, se redefinen programas como los de arte que se convierten en cursos para el diseño de productos y páginas Web o de plano, con el argumento de que no tienen demanda en el mercado laboral se cierran carreras como Filosofía o Historia, tal y como ocurrió recientemente de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así, la “razón del mercado” se convierte en la exclusiva determinante de las carreras que se imparten o se dejan de impartir, o de las investigaciones que se realizan o se dejan de realizar.

Por su parte, los dueños del capital y los funcionarios gubernamentales expresan siempre que pueden –y siempre se dan tiempo para poder–, su beneplácito por las universidades que realizan investigación con miras a comercializar sus resultados, pero muestran reticencias frente a las que alguna vez reclaman mayores precios y entonces les recuerdan que son públicas y subsidiadas, aunque de manera reiterada emiten feroces críticas para aquéllas instituciones que llegan a demandar la entrega oportuna de los recursos suficientes como para cumplir con sus funciones sustantivas y mejorar las percepciones de sus académicos e investigadores y que, en el colmo, en el marco de su autonomía reclaman libertad para investigar, mantener el rigor del trabajo científico y evitar convertir la actividad de investigación en mera sierva de las necesidades de la empresa privada. Universidades como éstas no requiere el neoliberalismo.

El capitalismo académico, sugiere que una vez tomada la decisión de convertir a las universidades públicas en empresas lucrativas para obtener mayores recursos externos, se deben promocionar las capacidades y recursos disponibles en ellas para lo cual hay que mantener informados a los posibles demandantes de los resultados de las investigaciones mediante campañas promocionales (destacando la creación de páginas Web, identificadas con la “modernidad”) con el fin de dar a conocer los servicios y productos que se ofrecen para que puedan ser adquiridos por los posibles clientes.

Estos recursos de mercadotecnia, sirven para “posicionar a las universidades en el mercado” y vender servicios educativos, así como los resultados de investigación a quien se interese y pueda comprarlos pagando, por supuesto, el precio establecido en el mercado. De esta manera, el conocimiento se privatiza a favor de los dueños del dinero.

El impulso a la vinculación universidad–empresa

El enunciado de este apartado recoge un concepto utilizado de manera muy extendida entre las burocracias gubernamental y universitaria, mediante el cual se hace referencia implícita a la privatización de los conocimientos surgidos del quehacer universitario en favor de las empresas capitalistas.

Esto no es nuevo, ya en el Programa de Ciencia y Tecnología 1995–2000, correspondiente al gobierno de Ernesto Zedillo, se hace un continuo énfasis:

En un conjunto de experiencias exitosas de vinculación de instituciones de educación superior con empresas: Hylsa con la Universidad Autónoma de Nuevo León; Cydsa con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Alpro con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo; Condumex con el Centro de Investigaciones en Óptica; Industrias Resistol con la UNAM, y Vitro y Peñoles con el Cinvestav (López, 2005: 4).

Por supuesto, desde el programa zedillista se insiste en la promoción de este tipo de convenios que someten el trabajo de investigación a las necesidades de una empresa en particular y que, en realidad, poco ayudan al conjunto de la sociedad pues las innovaciones alcanzadas quedan en propiedad de la empresa que pagó por ellas y no se transfiere la tecnología desarrollada con el esfuerzo de los investigadores universitarios al resto de las empresas y mucho menos de la sociedad. (16)

Por otra parte, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001–2006, elaborado para guiar la política de desarrollo científico y tecnológico del gobierno de Vicente Fox, establece la necesidad de “elevar el nivel de competitividad y la innovación de las empresas”, lo que fue interpretado por los organismos gubernamentales encargados de llevar a delante la política de desarrollo científico y tecnológico, e incluso por las propias universidades públicas, como un llamado a colaborar estrechamente con las empresas privadas para apoyarlas en su proceso de elevación de la competitividad y lograr mayor eficiencia en la innovación tecnológica que les permita permanecer en el mercado nacional, e incursionar en los mercados internacionales.

En su caso, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) alienta la participación del sector productivo a través de un conjunto de programas de financiamiento a proyectos de investigación (como los Fondos Mixtos, donde participan los gobiernos estatales con una parte del financiamiento), donde se obliga a los investigadores que participan en los concursos a incluir en su proyecto la aprobación de un usuario –privado o público– no universitario a quien beneficiaría directamente el resultado de la investigación.

Aún más, si el proyecto no incluye la aceptación de un usuario ni siquiera es evaluado. Es decir, la estrategia seguida consiste en promover la investigación que resuelva problemas específicos, considerados importantes –sin ninguna otra consideración– por el posibleusuario. (17)

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha impulsado la creación de las universidades tecnológicas cuyo modelo busca establecer una estrecha vinculación con la industria ya que los estudiantes acreditan su último cuatrimestre mediante una estancia en una empresa y su evaluación académica es, en parte, hecha por personal de la empresa.

En los institutos tecnológicos dependientes de la SEP, y en cada vez más carreras universitarias, se incluyen también las estancias profesionales y se han implantado las llamadas “prácticas profesionales”, que seguramente en su momento habrán de reemplazar el servicio social que desde el predicado tanto molesta a las burocracias universitaria y gubernamental.

La ANUIES tampoco ha quedado al margen del impulso al capitalismo académico. Para hacerlo, realizó un diagnóstico del grado de vinculación de las instituciones públicas de educación superior con el sector productivo y concluyó recomendando el establecimiento de consejos de vinculación en cada una de ellas como instancia encargada de planear las relaciones institucionales con la actividad empresarial y realizar diagnósticos sobre los problemas del sector productivo que pueden ser resueltos por los investigadores de las instituciones educativas, además de otorgar reconocimiento, por medio de puntos al desempeño académico que permiten elevar el salario, a los docentes e investigadores que realicen labores de vinculación (ANUIES, 2001: 145).

También propone la ANUIES diseñar programas que faciliten los intercambios entre el personal académico y el de las empresas privadas, esto es: “Programas de intercambio de profesores y profesionales en activo, lo que permite, en lo particular, la movilidad entre las instituciones públicas de educación superior y las empresas” (ANUIES, 2001: 144).

Finalmente, la misma ANUIES ha sugerido a las universidades públicas formular programas encaminados a capacitar a los investigadores en las tareas de vinculación para que aprendan a promover sus proyectos y lograr financiamiento para llevarlos a cabo, lo que supedita no sólo a la investigación sino a la actividad de los trabajadores académicos y administrativos a las exigencias y necesidades del capital. (18)

La respuesta de las universidades públicas

En buena parte de las universidades públicas del país, desde las instancias burocráticas del aparato gubernamental se han promovido diversas modificaciones en cuanto a la política y estructura de las universidades públicas con el propósito de adecuarlas para atender las tareas que exige la vinculación con el sector productivo y posicionar a sus investigadores, tanto como los resultados de sus investigaciones, en el mercado.

Al respecto, López Leyva (2005: 4 y ss.) realizó las primeras investigaciones que muestran como en diversas universidades públicas empezaron a desarrollarse algunas formas capitalismo académico, que si bien son incipientes se desarrollan con mucha fuerza.

De nuestra parte, para ilustrar el significado del capitalismo académico hemos incluido en el presente trabajo algunas actividades que, con esta orientación, han emprendido tres universidades autónomas y públicas del país, aunque por supuesto no son las únicas: la de Aguascalientes, la de Nuevo León y la de Chihuahua. La recopilación de la información correspondiente, tan interesante como preocupante, se hizo acudiendo a las páginas Web de las mencionadas universidades.

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes (www.uaa.mx), en el programa de trabajo que avaló la candidatura del actual rector (2005–2007), se proponen en total 46 acciones estratégicas de las cuales, aproximadamente, un tercio tenían que ver con la promoción de la vinculación de esa institución con el sector productivo en busca de incrementar los recursos financieros externos, pero también con la convicción ideológica de que así debe ser la Universidad.

El programa propuesto por el hoy rector, entre otras cosas, contempla: “Establecer programas permanentes de seguimiento de egresados para identificar las necesidades del mercado de trabajo, así como sus propuestas sobre cambios en los planes de estudio”. Además, el entonces candidato proponía:

Vincular estrechamente a la Universidad Autónoma de Aguascalientes con los sectores sociales y productivos de la entidad, creando una oficina encargada de establecer, mantener y reforzar los lazos de colaboración entre la institución y la sociedad.

Como complemento de lo anterior, planteaba el programa:

Integrar en una red, los servicios que la Universidad Autónoma de Aguascalientes ofrece, de manera que su promoción sea efectiva, generen recursos para los centros académicos que los realizan y permitan impulsar la práctica profesional de los estudiantes.

Estas propuestas ponen de relieve algunos rasgos distintivos del capitalismo académico y, sin duda, forman parte del arsenal del que echan mano quienes intentan imponer esta modalidad de funcionamiento en las universidades públicas.

Pero ya desde antes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes realizaba algunas actividades en el mismo sentido, por ejemplo organizaba muestras de tecnología de alimentos. La primera de ellas se llevó a cabo en el 2003 y los productos que se presentaron fueron: cajeta de elote, chascas instantáneas, pasta de chapulines y pan de Chaya, cuyos procesos diseñados por investigadores universitarios podían ser adquiridos por inversionistas privados para utilizarlos en sus empresas para elevar sus ganancias.

Asimismo, en 2004 se realizó la “Expo–emprendedores” en la que participaron más de 300 alumnos. La tal Expo se proponía: “Dar impulso a los estudiantes para convertirse en ciudadanos propositivos, quienes al egresar en lugar de únicamente buscar empleo puedan contar con las herramientas necesarias para convertirse en empresarios y sean quienes podrán brindar oportunidades de trabajo a la sociedad.” (19)

Además, esta universidad cuenta con una “Unidad de Negocios” encargada de llevar a cabo los estudios de factibilidad de proyectos productivos solicitados por empresas del sector público o privado. El papel de la Unidad de Negocios ha sido fundamental en el desarrollo de la vinculación con el sector productivo y su informe correspondiente a 2004, el Decano del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, hacía el siguiente reconocimiento:

La vinculación es otro de los aspectos fundamentales de la institución, por ello las acciones se dirigieron hacia la búsqueda de un mejor posicionamiento e identidad de los servicios ofertados. La atención de la Unidad de Negocios correspondió durante el presente año a la terminación de la segunda etapa de los estudios complementarios del tren suburbano de nuestro Estado, así como el programa sectorial vial y transporte público de la entidad, asimismo se enfocó al estudio y validación del servicio social para el programa de televisión mayores, evaluándose el impacto social y sus beneficios (www.uaa.mx/news/2004/437).

Este nuevo lenguaje en las universidades públicas, más parece referirse al informe de una empresa que busca el lucro que al de una institución cuya preocupación fundamental tendría que ser el conocimiento.

La universidad de Aguascalientes, realiza también muestras agroindustriales cuyo propósito explícito es que el alumno sintetice el conocimiento obtenido en las materias que hasta el momento haya cursado, para integrarlos

En un proyecto único y en el caso de los semestres avanzados, se podrán apreciar trabajo concretos, como el de mayonesa mezclada con aguacate, venta de elote deshidratado, kiwi, fresas en almíbar, es decir, productos que incluyen innovación tecnológica, siendo diferentes a los existentes en el mercado.

Nada nuevo, tecnología al uso que nada aporta a la sociedad en su conjunto y que, tal vez, de ser el caso, podría mejorar procesos obsoletos existentes en alguna empresa capitalista.

Y luego, el evento estelar convocado por la licenciatura en Diseño de Modas: “Concurso de Unimoda 2004”, que tal vez haya reunido a lo mejor de la sociedad aguascalentense pero cuya realización no merece comentario alguno en tanto los fines de la universidad se han desvirtuado totalmente.

En la Universidad Autónoma de Nuevo León (www.uanl.mx), el capitalismo académico también ha penetrado profundamente. Un instrumento invaluable para lograrlo, ha sido el llamado “Consejo Consultivo Internacional” que tiene como objetivo: “Contribuir a vincular a la universidad con organismos académicos, científicos y empresariales a nivel internacional.” Por supuesto, esto no es para el desarrollo académico de la institución, sino únicamente con el fin de hacer negocios productivos.

Con la misma orientación, se creó otra dependencia en esa universidad: “El Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo”, que ofrece 13 tipos de productos y servicios a los ganaderos y productores del Norte de Nuevo León. Entre otros, destacan los siguientes:  producción y venta de pie de cría de bovinos y caprinos; análisis de laboratorios para la detección y control de enfermedades; asesoría y maquila de implementos agrícolas para la producción de forrajes; servicios de farmacia y médicos veterinarios y molino para granos y forrajes. Todo ofrecido mediante el pago respectivo, como lo haría cualquier empresa privada.

En el mismo sentido, opera el “Centro de Producción Agropecuaria” del que, en su página Web se puede leer: “Bienvenidos al Centro de Producción Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Nuevo león, criador pionero en México de ganado Simmental y Cimbra, resultado de la cruza de Simmental con Brahman.” Después de esto, que es resultado de la investigación de los universitarios, viene la promoción: “El recurso está al alcance de todos a través del centro de Producción Agropecuaria, ven a visitarnos”.

Este centro, cuenta con 240 hectáreas dedicadas a la producción de forrajes para ganadería propia y 363 hectáreas dedicadas a la producción de cultivos agrícolas comerciales. En 1995, se firmó un convenio de renta de terrenos por una superficie de 398 hectáreas para la ampliación de cultivos básicos y la producción de granos y forrajes para el consumo interno y la venta al público. En total, actualmente el centro dispone de 1001 hectáreas. A través de este centro, dice otro promocional: “Se apoya a algunas comunidades mediante la renta de maquinaria e implementos agrícolas.”

Finalmente, la Universidad Autónoma de Chihuahua (www.uach.mx) impelida también por la escasez de recursos –que como en los casos anteriores, ha legitimado la estrategia neoliberal de diversificar las actividades lucrativas que poco o nada tienen que ver con el desarrollo de la academia como no sea utilizarla para sacar beneficios económicos–, ha entrado de lleno en el capitalismo académico y en el área agropecuaria de la institución se ofrecen a la venta de 14 productos, tales como: huevo fresco de gallina, chuleta ahumada, salami, jamón, conservas y embutidos, pavo ahumado, carne de bovino, caprino, conejo y porcinos, pieles de conejo y res, conejos para mascota, miel líquida y en panal, alimentos balanceados para aves, cerdos y ganado, pajillas de semen congelado para ganado lechero y carne, pie de cría de caprinos, porcinos y conejos y leche y sus derivados.

Asimismo, la Facultad de Ciencias Químicas de esta universidad ofrece agua destilada en garrafones de 20 litros y ha instituido el programa “Expertia”, que ofrece un listado de consultores y expertos universitarios que brindan diversos servicios de asesoría a las empresas privadas y, por si fuera poco, se dispone también un catálogo de los servicios que puede prestar la institución al sector productivo a cambio, por supuesto, de la debida remuneración.

En síntesis, dentro de los diferentes programas de trabajo en las universidades públicas del país gana terreno como eje de sus actividades cotidianas la relación mercantil con el sector productivo. En buena parte de ellas, entre sus actividades se menciona un conjunto de acciones y se reporta la realización de diversos eventos, como muestras, encuentros, conferencias, concursos y firma de diversos convenios con empresa capitalistas.

En otros casos, se crean dependencias, consejos y unidades de negocios cuyas funciones son vincular a las instituciones con las empresas privadas y someterlas a sus intereses y necesidades, a cambio de algunos pesos y centavos, siempre incomparablemente menores a los beneficios económicos que obtienen las empresas privadas como producto del esfuerzo y el talento de muchos universitarios, cuyos resultados de investigación se privatizan.

Pero dadas las restricciones presupuestales aplicadas por el gobierno federal, es tal la necesidad de recursos para las universidades que crece y se “justifica” la idea de obtenerlos mediante cualquier actividad que permita algunas ganancias. De ahí que muchas universidades públicas ofrezcan una gran variedad de cursos, desde los de alta sofisticación hasta aquellos que tratan de atraer la chabacanería de la clase media, como cursos de cocina, baile hawaiano y tahitiano, basketball infantil, repujado, decoración de pasteles, envoltura de regalos, pilates o cultura naturista, ofrecidos por una universidad localizada en el “progresista” norte del país, todos anunciados en su página Web con sus respectivos costos y tiempo de duración.

Reflexiones finales

En general, la educación superior y la producción de conocimiento en las instituciones públicas de educación superior se inscribe –o tiende a inscribirse con inusitada fuerza– en una nueva modalidad, que bien puede denominarse “Capitalismo Académico” en el cual tanto las políticas y programas que se impulsan como las acciones institucionales se encaminan a lograr un acercamiento muy próximo a las actividades del mercado.

Desde el inicio de la década de los noventa, las políticas de ciencia y tecnología en México impulsan fundamentalmente la investigación aplicada, la innovación que demandan los procesos productivos y administrativos y se promueve la vinculación entre universidades, las empresas privadas y el gobierno, lo que tiende a fortalecer la actividad mercantil de las actividades universitarias.

Actuar dentro un esquema de capitalismo académico, ha significado organizar las universidades públicas con miras a crear y ampliar sus capacidades para producir conocimientos con los cuales negociar con las empresas privadas y públicas. De esta manera, el conocimiento generado en las universidades públicas se convierte, así, en una mercancía que se puede adquirir en el mercado pagando su precio. Y como el conocimiento lo adquiere quien puede pagarlo, como ocurre en la economía de mercado, los compradores (demandantes) terminan por definir las líneas fundamentales de la investigación universitaria, el conocimiento que deberá producirse.

En cuanto a los recursos financieros dedicados a estas actividades, a pesar de que la Ley establece que deberá invertirse en ciencia y tecnología el uno por ciento del Producto Interno Bruto, la inversión se mantiene en 0.38 por ciento y el presupuesto ejercido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 2004 de 5 mil 76 millones de pesos, es similar al que la Universidad de Arizona dedica a investigación: 450 millones de dólares anuales (López, 2005: 10). De esta manera, si las universidades públicas pretenden sobrevivir (ahora podemos decir permanecer en el mercado), tendrán que elevar su competitividad obteniendo recursos mediante la venta del conocimiento que generan. En el campo de la actividad de los investigadores universitarios, aumenta la preocupación por acercar su quehacer a las actividades relacionadas con el mercado, cuya demanda está determinada por las necesidades del capital privado.

Ante esta situación, es posible considerar algunos de los retos que se le plantean a los universitarios de cara al Siglo XXI y a los cambios sociales que se pueden prever si se considera el fracaso, en todos los ámbitos, de la modalidad neoliberal del capitalismo.

El primer gran reto para los universitarios consiste en devolver el carácter académico a sus instituciones y afrontar, sin ningún tipo de interés mercantil, los obstáculos levantados al desarrollo de la ciencia y la tecnología necesaria, la diversidad cultural, el arte, la política y el pensamiento crítico e independiente, así como de todo aquello que se requiere para ofrecer propuestas alternativas a la construcción y difusión del conocimiento de la sociedad y la naturaleza; de la misma manera, se deberá reactivar la actividad en busca de ofrecer alternativas de solución a los grandes problemas sociales regionales y nacionales, tanto como los económicos, los del crecimiento urbano, las alterativas de desarrollo para favorecer el empleo y la equitativa distribución del ingreso, todo esto sin necesidad de someter a la universidad al mercado, que no es precisamente sensible a las aspiraciones de la sociedad, ni necesariamente la vía de atención a sus mejores causas y aspiraciones.

Y como donde prevalece la ley del mercado la educación se desnaturaliza, se trata entonces de enfrentar y revertir el proceso de mercantilización que avanza rápidamente en las instituciones públicas de educación superior, pues de lo contrario la educación superior acabará convirtiéndose en un empresa mercantil y dejar de ser el principal crisol donde se forja la identidad regional y nacional. En otras palabras, requieren los universitarios enfrentar y detener la ola de mercantilización de las actividades académicas e institucionales de sus universidades que jamás deben perder su carácter público.

Lamentablemente, empiezan a existir o existen ya instituciones educativas públicas convertidas más en empresas de servicios ofrecidos a quien los puede pagar –el capital, por supuesto– que en centros donde se forman hombres y mujeres libres capaces de producir conocimientos, transmitirlos, preservarlos y difundirlos a favor siempre de los intereses de la sociedad y no sólo los del capital. En fin, la tarea esencial en estos momentos de los universitarios es detener la tendencia que pervierte los fines de la Universidad.

Todo lo anterior exige demandar al gobierno federal hacer de la educación superior una prioridad de primer orden, a la que se deberán otorgar de manera oportuna y suficiente los recursos necesarios para que pueda cumplir, sin someterse a los intereses del lucro y el mercado, sus funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento y la cultura.

Un aspecto más imposible de soslayar, es impedir el sometimiento de la universidad a los intereses de los partidos políticos y del gobierno en turno. Nadie debe imponer o dictar las tareas a realizar por las universidades públicas, ni los gobernantes ni los dirigentes de las organizaciones políticas, a la que incluso pertenezcan los universitarios, deben interferir las tareas de las instituciones educativas. Los tiempos de la actividad política no pueden marcar los de la universidad, el reto entonces es hacer respetar la autonomía de las universidades públicas y rescatar el autogobierno universitario.

Son muchos más los retos que aquí sólo se pueden enumerar, entre otros, se tienen los siguientes: democratizar a las instituciones de educación públicas, eliminar la reelección de sus autoridades, quitar el poder a la burocracia, transparentar el uso de los recursos a disposición de las universidades públicas y muchos otros más que deben ponerse en el orden del día como objetivos prioritarios de los universitarios, si es que quieren que sus instituciones vuelvan a ser la conciencia crítica que alguna vez fueron de la sociedad, que en Latinoamérica está comenzando su combate contra el neoliberalismo.

En todo caso, el pensamiento emanado de las universidades públicas así como la participación de los universitarios en la vida cultural, política y económica, tendrán que seguir siendo claves en el desarrollo de la sociedad democrática, equitativa e incluyente a la que aspiramos los latinoamericanos.

NOTAS

1 Docente–investigador. Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

2 “En la Colonia y la pedagogía jesuítica que impero al final del siglo XVIII, como las demás pedagogías religiosas, no exaltaban la libertad sino la obediencia incondicional a Dios y al Rey. Los liberales mexicanos del siglo XIX triunfaron y eliminaron progresivamente de las escuelas la enseñanza de la moral religiosa y pusieron en su lugar la enseñanza de una moral laica [...] Para el positivismo no existía la libertad sino como subordinación ante la ciencia. La ciencia era la base para a prender a comportarse dentro de la sociedad [...] El Estado de la revolución se propuso transformar el país, desarrollar la economía, promover el capitalismo, y para ello había que sacar a los campesinos de su ignorancia. Claro, la educación, por sí misma, tiene un contenido liberador. Quien se educa es menos manipulable que quien no se educa y quien se educa conoce mejor sus intereses y sabe defenderlos mejor que quien no se educa. Ene se sentido, puede decirse que la obra educativa de la revolución fue democrática. Peor no lo fue en el sentido de que omitió asumir como objetivo específico formar un ciudadano autónomo, libre y crítico” (Guevara, 1997: 22–23).

3 Por hegemonía se entiende la dirección cultural, política e ideológica de una clase sobre el conjunto de la sociedad, aunque enfatiza Gramsci (1975: 55): “Si la hegemonía es ético– política no puede dejar de ser también económica, no puede menos que estar basada en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo rector de la actividad económica.”

4 En México, durante el siglo XIX: “Para los liberales de la República restaurada la necesidad de educar al pueblo era un medio indispensable para formar a la nación, y por eso le otorgaron a la escuela la función prioritaria en la creación del ciudadano liberal. En el régimen de Porfirio Díaz (1874–1910) ese ideal se convirtió en una tarea del Estado. Como decía Justo Sierra, secretario de Educación en la dictadura: ‘Conforme a nuestras instituciones y a los intereses nacionales, es la escuela el embrión de la nación entera, como el lugar de ensayo de las funciones políticas y sociales, como el gran laboratorio del patriotismo y de las virtudes cívicas. Para nosotros en la escuela se nace a la patria, se respira a la patria’.” (Florescano, 1999: 496–407).

5 En México, el nivel superior se compone, además del sistema universitario, de la enseñanza técnica superior y la Escuela Normal de Maestros.

6 En universidades como la de Las Américas, Anáhuac o el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, instituciones privadas formalmente laicas, se sostiene y desarrolla una ideología francamente empresarial y no dejan de ser un buen negocio. En cambio, universidades como la Iberoamericana, La Salle o la del Tepeyac, si bien enfatizan la formación de los jóvenes de acuerdo a determinados principios religiosos se mantiene la actitud empresarial que las condena a ser también prósperos negocios.

7 “La perfección no es cosa de este mundo, dicen Milton y Rose Friedman (1983: 308). Siempre habrá productores deficientes, charlatanes y timadores. Pero en conjunto, la competencia de mercado, si se la deja funcionar, protege al consumidor mucho mejor que la alternativa ofrecida por los mecanismos gubernamentales.”

8 “El Estado ya no se percibe realmente como un protector o un organizador sino como un parásito, un freno un peso muerto para la economía.” (Albert, 1993: 230).

9 El surgimiento del sector privado de educación superior en América Latina, antecede con mucho a la aparición y consolidación de la modalidad neoliberal de la economía. La aparición de las universidades privadas se ubica, más bien, en el conflicto entre el Estado y la Iglesia católica. Si bien ese conflicto tuvo que ver con el papel de la Iglesia en la educación y en el rechazo al laicismo y orientación educativa predominantes en las instituciones públicas, actualmente el tema se ha replanteado como parte del debate sobre el papel del Estado en la economía y en particular en la producción de bienes y servicios, así como el carácter que tiene la educación como derecho social (Ver, García: 1997).

10 La primera incursión del capital privado extranjero en la educación superior del país, se realizó en el 2000 cuando la empresa estadunidense Sylvan Learning Systems pagó 34 millones de dólares por la adquisición de la Universidad del Valle de México (UVM), que por el número de estudiantes inscritos resulta ser la segunda universidad privada más grande en la República después del Tecnológico de Monterrey. En 2004, la UVM, tenía inscritos 42 mil estudiantes en bachillerato, licenciatura y posgrado, de los cuales 30 mil cursaban estudios en alguno de los nueve programas de licenciatura abiertos en el área de contaduría, administración y psicología. (Rodríguez, 2004).

11 El sector privado del país sostiene e insiste en la necesidad de reasignar el gasto público en educación. Es el caso del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, que afirmó recientemente: “Es importante una reasignación de la inversión pública en educación, de tal manera que se mejore la cobertura y calidad de la educación preescolar, primaria y secundaria, siendo estos niveles los que benefician en mayor medida a los hogares de menores ingresos” (La Jornada, 2 de mayo de 2005: 25). Este ha sido el criterio de Vicente Fox, en cuyo gobierno se han reducido continuamente los recursos fiscales destinados a las universidades públicas.

12 Al respecto, el Premio Nacional de Ciencias, Alejandro Alagón Cano, define la política de desarrollo científico seguida en México, de la siguiente manera: “En el gobierno foxista, se ha calificado igual una investigación científica en el sentido más estricto que otra que de ninguna manera lo es, como por ejemplo hacer un trabajo de mercadotecnia para saber si la defensa de un conche es mejor de tal o cual forma. Con ello, añade, muchas empresas transnacionales se han beneficiado con los estímulos o programas otorgados por el gobierno federal, al tiempo que se descuidaron los apoyos a la ciencia básica. A esto, enfatiza, yo lo llamaría un apoyo tecnócrata desaprovechado” (La Jornada de enmedio, suplemento científico–cultural de La Jornada, 3 de noviembre de 2005: 2a).

13 Lo mismo hace el gobierno federal, que a través del CONACYT disminuyó los apoyos a la investigación en ciencia básica de 628 millones de pesos que destinó en el 2003 a 600 millones de pesos en 2004 y aunque la disminución también afectó a la investigación aplicada y dirigida a usuarios específicos, que se apoya mediante los Fondos Mixtos y Sectoriales (donde participan en el financiamiento de los proyectos de investigación el gobierno federal y los gobiernos locales) que pasaron de mil 841 millones de pesos en 2003 a mil 125 millones de pesos en 2004. Es decir, se mantiene una proporción de casi dos a uno entre ambos tipos de investigación (Comunicación del Dr. Inocencio Higuera Ciapara, secretario técnico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), febrero de 2005). El CONACYT enfrentó, para el 2005, una reducción en su presupuesto de 800 millones de pesos, cuando su director Jaime Parada había advertido que para evitar la parálisis del Consejo se requerían 7 mil 300 millones de pesos adicionales al presupuesto aprobado en 2004 (El Financiero, 27 de octubre de 2004: 46). Finalmente, el CONACYT logró disponer de 600 millones de pesos para el Programa de Fondos Mixtos y Sectoriales (lo que significa que el total asciende a mil 200 millones de pesos, pues por regla general por cada peso que invierte un estado el Consejo contribuye con otro. De ese monto, señala Alejandro Romero Gudiño, director adjunto de Desarrollo Regional y Sectorial del CONACYT: “El 82 por ciento se relaciona con la investigación aplicada; 14.5 se enfoca al desarrollo tecnológico y 3.5 por ciento concierne a la básica” (Investigación y Desarrollo, suplemento de Ciencia de La Jornada, julio de 2005: 7).

14 Las denuncias han sido muchas y siguen siendo muchas. Cada año el Ejecutivo envía al Congreso su proyecto de Presupuesto con cada vez menos recursos para la educación superior y el desarrollo científico y tecnológico y ritualmente las universidades públicas por sí, o mediante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que las agrupa, demandan al Congreso que aumente los recursos destinados a los rubros mencionados con éxito diverso. Al respecto, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Dolores Cabrera Muñoz, resume la situación de la siguiente manera: “Las políticas económicas dominantes socavan la gratuidad de las instituciones de educación superior y limitan el crecimiento de la matrícula, así como la investigación en el área de las ciencias sociales” (La Jornada, 8 de diciembre de 2005: 53).

15 En algunas universidades públicas existen maestrías que se cursan en 24 meses y se imparte una materia de 40 horas al mes. Los alumnos asisten 5 horas el viernes y 5 horas los sábados, ocho apresuradas sesiones la última de las cuales se destina a realizar los exámenes correspondientes; así, mensualmente se acredita una materia. La titulación puede ser mediante la elaboración de un trabajo colectivo. Por supuesto, se pagan colegiaturas, que por las facilidades ofrecidas para cursar la maestría, son tan elevadas como las que suelen cobrar las universidades privadas, la diferencia es que los grupos en las universidades públicas llegan a ser hasta de 50 estudiantes.

16 Muchas veces las empresas compran las innovaciones no para ser atizadas sino, por el contrario, para evitar su uso. Es el caso, de la UNAM y la Universidad Autónoma de Querétaro que desarrollaron para una pequeña empresa una pintura para exteriores lavable que combatiría los graffiti. Sin embargo, una transnacional de pinturas compró a la pequeña empresa la patente para evitar que se produjera un producto que podría desplazar del mercado las pinturas de exteriores que produce y que no son lavables. Hasta hoy la pintura lavable no se produce.

17 Al respecto, conviene mencionar lo dice uno de distinguido investigador mexicano: “El problema de la falta de apoyo a la ciencia es que en general no se entiende que la única función de la ciencia y los científicos es generar conocimiento y esto permite que tengamos mejor información sobre cómo funciona y es el mundo en que vivimos. La ciencia no puede ocuparse de resolver problemas designados. Considerar que los científicos deberían dedicarse a resolver problemas acabaría con la ciencia, no la promovería. Si a Waksman le hubieran dicho que se dedicara a curar la meningitis tuberculosa, o a Roentgen le hubieran dejado de tarea descubrir los rayos X, ninguno habría podido hacerlo.” (René Drucker. La Jornada, 5 de octubre de 2005: 20).

18 Esta es una vieja demanda del Banco Mundial, que en su momento se expuso así: “Adiestrar a los profesores universitarios como empresarios para promover el financiamiento de sus investigaciones y vender sus resultados, al mismo tiempo de diseñar y ofrecer cursos útiles que también puedan venderse a las empresas.” (Boletín, 1999: 16).

19 Esta filosofía es la misma que expresan las universidades privadas, entre ellas la del Valle de México, adquirida con capital de origen norteamericano. En este caso, el director de Mercadotecnia de esa institución en Puebla, “mencionó que una de las prioridades de la universidad es que sus miembros se conviertan en empresarios exitosos al terminar sus estudios, para que así puedan crear empleos” (“La educación superior en Puebla”, Suplemento de La Jornada de Oriente, Puebla, sábado 30 de julio de 2005: XII).

BIBLIOGRAFÍA

Albert, Michel (1993). Capitalismo contra capitalismo, Paidós, Buenos Aires, Argentina.

ANUIES (2001). La educación superior en el Siglo XXI. Las líneas estratégicas de su desarrollo. Una propuesta de la ANUIES, México.

Becker, Gary (1983). El capital humano. Un análisis teórico y empírico referido a la educación, Alianza Editorial, Madrid, España.

Boletín de la Asociación Canadiense de Profesores Universitarios (1999). La Jornada, Semanal, número 221, Suplemento Cultural de La Jornada, México, 30 de mayo.

Florescano, Enrique (1999). Etnia, Estado y Nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México. Editorial Aguilar, Colección Nuevo Siglo, México.

González Casanova, Pablo (2001). La Universidad necesaria en el siglo XXI, Ediciones ERA, México.

Guevara Niebla, Gilberto (1997). “Educación moral y ciudadanía”, Nexos, número 236, México, agosto, pp. 21/23.

Hayek, Friedrich A (1990). Camino de servidumbre, Alianza Editorial, 2ª reimpresión de la 1ª edición en español, Madrid.

Estrada, Gerardo (2004). 1968, Estado y Universidad. Orígenes de la transición política en México, Plaza & Janés, México.

Espinoza Bautista, Víctor (2005). “La educación superior y su relación con el mercado de trabajo hasta el 2010. Necesidad de una estrategia educativa”. Revista Mexicana de Pedagogía, Año XVI, número 84, México, julio–agosto.

Forrester, Viviane (1998). El horror económico, Fondo de Cultura Económica, México.

Friedman, Milton y Rose Friedman (1983), Libertad de elegir, Ediciones Orbis, Biblioteca de Economía, número 2, Barcelona, España.

García, Ana María (1997). “El sector privado de la educación superior”, en Rollin Kent (compilador), Los temas críticos de la educación superior en América Latina. Los años 90. Expansión privada, evaluación y posgrado, Volumen II. Fondo de Cultura Económica, México.

Galeano Eduardo (2004). Patas arriba. La escuela del mundo al revés, Siglo XXI Editores, 7ª edición, México.

Gramsci, Antonio (1975). Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno, Juan Pablos Editor, Obras, t. 1, México.

López Leyva, Santos (2005). “Formas de capitalismo académico en las universidades mexicanas”, VII Seminario Nacional Territorio Industria y Tecnología: “Políticas para la innovación en México. Las relaciones Gobierno–Universidad–Empresa”, Universidad Autónoma de Guanajuato, mayo.

López Leyva, Santos (2001), La vinculación de las instituciones de educación superior con el sector productivo en el noroeste de México, Universidad Autónoma de Sinaloa–Conacyt, Culiacán, Sinaloa, México.

McLaren, Peter (1999). “Pedagogía revolucionaria en tiempos posrevolucionarios: repensar la economía política de la educación crítica”, en Francisco Inbernón

(coordinador), La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato, Universidad de Barcelona, España, Serie Pedagogía, Teoría y Práctica, 3ª edición.

Pérez Tamayo, Ruy (1976). “Ciencia, paciencia y conciencia en México”, en Luis Cañedo y Luis Estrada (compiladores), La ciencia en México, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 26/42.

Rodríguez Gómez, Roberto (2004). “La inversión extranjera directa en educación superior”, Revista de Educación Superior, ANUIES, México, Abril–junio.

Sharer, Robert (1999). “El comercio: motor del crecimiento”, Finanzas y Desarrollo, Volumen 36, número 4, Fondo Monetario Internacional, Washington, D. C., Estados

Unidos, diciembre, pp. 26/29.

Páginas Electrónicas consultadas:

www.uaa.mx Universidad Autónoma de Aguascalientes

www.uanl.mx Universidad Autónoma de Nuevo León

www.uach.mx Universidad Autónoma de Chihuahua

www.uacj.mx Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

www.uabc.mx Universidad Autónoma de Baja California

www.conacyt.mx Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología